Señales cruzadas y decisiones de corto plazo en el sector energético colombiano

El inicio de 2026 encuentra al sector energético colombiano en un punto de alta tensión entre la contención de riesgos inmediatos y la sostenibilidad estructural del sistema. En un corto periodo se han acumulado decisiones orientadas a sostener la operación de agentes en dificultades, corregir distorsiones regulatorias que afectaban la expansión del parque generador y aliviar el impacto social de los precios de la energía, particularmente en el mercado de combustibles líquidos.

En el mercado eléctrico, las medidas adoptadas para sostener la operación de Air-e han permitido garantizar la continuidad del servicio, pero no han corregido los problemas estructurales que explican su deterioro financiero. La cultura de no pago, las pérdidas no técnicas, la contención política de tarifas y el retraso en el giro de subsidios permanecen intactos. Como resultado, el déficit continúa creciendo y el riesgo originalmente asociado a un operador específico se ha transformado en un riesgo sistémico para el mercado eléctrico mayorista.

La intervención, concebida como un mecanismo transitorio, ha evolucionado hacia un esquema de excepción prolongado que debilita la disciplina de mercado y traslada los costos del problema al resto del sistema. Sin una hoja de ruta clara hacia la normalización, el ajuste futuro será cada vez más costoso y difícil de implementar.

En contraste, las correcciones introducidas al esquema del cargo por confiabilidad mediante la Resolución CREG 101 097 de 2026 restablecen una señal clave para la expansión del parque generador. Esta decisión reconoce el impacto que habían tenido las reglas previas sobre los incentivos de inversión y devuelve atractivo a los mecanismos de expansión de largo plazo, fundamentales para preservar la suficiencia y confiabilidad del sistema.

La discusión sobre una nueva subasta de contratos de largo plazo, aunque válida como mecanismo de coordinación, evidencia que los problemas actuales de contratación no son de plataforma, sino de riesgo regulatorio y de contraparte. En este contexto, las subastas no pueden asumirse como una solución automática a los problemas de precio y financiamiento.

Finalmente, la reducción en el precio de la gasolina, consistente con el entorno internacional y sostenible en el corto plazo, ilustra la complejidad de intervenir mercados energéticos altamente sensibles. El alivio inmediato descansa en ajustes de incentivos a lo largo de la cadena y en el uso estratégico del FEPC, con riesgos asociados a la competencia, la eficiencia y la sostenibilidad fiscal si estas intervenciones se vuelven permanentes. El sector enfrenta así una disyuntiva clara: continuar administrando los síntomas con medidas transitorias o avanzar hacia soluciones estructurales que restablezcan señales económicas creíbles, disciplina de mercado y sostenibilidad de largo plazo. Postergar estas decisiones puede ser políticamente conveniente hoy, pero incrementa de forma significativa el costo económico y sistémico de resolver los problemas mañana.