El Decreto 0242 de marzo de 2026 introduce medidas para los servicios de gas y energía eléctrica en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional en febrero. En particular, establece que las plantas hidroeléctricas que reciben el Cargo por Confiabilidad deberán liquidar sus Obligaciones de Energía Firme (OEF) con base en el Precio de Escasez Inferior (PEI), con el objetivo de evitar incrementos excesivos en el precio de la energía en bolsa y mitigar presiones sobre las tarifas de los usuarios.

Dado que el Precio de Transacciones en Bolsa -PTB– se calcula como un promedio ponderado de distintos precios de escasez, una mayor adopción del PEI contribuiría, en teoría, a reducir dicho promedio y, por esta vía, el costo de la energía. No obstante, el contexto actual limita el alcance de la medida. La emergencia responde a inundaciones consecuencia de intensas precipitaciones, lo que reduce significativamente la probabilidad de activación del Cargo por Confiabilidad, mecanismo diseñado precisamente para escenarios de escasez hídrica. En este sentido, es poco probable que el mecanismo se active y brinde la cobertura financiera para la que fue diseñado.

Adicionalmente, los eventuales ahorros en el componente de generación podrían verse compensados por incrementos asociados a ajustes de liquidación y restricciones del sistema, diluyendo el efecto neto para la demanda. Esto es crucial, dado que va en contravía del propósito mismo de la iniciativa de crear un Precio de Escasez Inferior para que teche el precio de bolsa para ciertas tecnologías, introduciendo complejidades innecesarias en el mercado que no necesariamente van a conllevar a un impacto significativo en la reducción de las tarifas.
Adicionalmente, cabe mencionar que, desde una perspectiva legal, no se percibe relación alguna entre estos cambios regulatorios propuestos y la emergencia decretada por el gobierno nacional, y que, la opción de acogerse o no a un Precio de Escasez determinado (en este caso PEI), siempre ha sido completamente voluntaria para los generadores. La clave para el ente regulador y para la cartera energética debe estar en brindar los incentivos suficientes para que este cambio se produzca y que se respeten los derechos adquiridos por los generadores cuando participan en los mecanismos de asignación de OEF.

Análisis de: David Hidalgo Especialista de Regulación y Mercado en Óptima