Los recientes incrementos en los precios de los combustibles anunciado por el Gobierno Nacional, particularmente el aumento de aproximadamente $400 por galón en gasolina motor corriente y cerca de $200 en diésel, eran un escenario previsible bajo el contexto internacional actual y constituyen la segunda aplicación de este tipo de ajuste por parte del Gobierno. Desde el análisis de Óptima Consultores, estos ajustes responden a las presiones derivadas del comportamiento del mercado global de petróleo y refinados, influenciado por tensiones geopolíticas y restricciones de oferta.

No obstante, el ajuste implementado puede calificarse como conservador. De haberse aplicado estrictamente las metodologías vigentes de formación de precios, particularmente aquellas establecidas en las Resoluciones 181602 de 2011 y 180522 de 2010, el incremento en la gasolina motor corriente habría debido ubicarse en un rango aproximado de $600 a $900 por galón para cada mes (abril y mayo). En el caso del diésel, el escenario es distinto pues el ajuste observado es considerablemente más contenido frente a lo que sugerirían las referencias internacionales, lo que refleja una decisión explícita de política pública orientada a mitigar impactos sobre transporte, inflación y costos productivos.

Este comportamiento se entiende a partir de un elemento estructural del mercado colombiano: la dependencia de referencias internacionales para la formación de precios. En Colombia, el ingreso al productor se construye con base en precios de paridad internacional, principalmente referenciados a la Costa del Golfo de Estados Unidos y ajustados por la tasa de cambio. En este sentido, cuando aumentan los precios del petróleo o de los combustibles refinados en los mercados globales, el sistema colombiano está diseñado para reflejar ese incremento en los precios internos.

Sin embargo, esta transmisión no es inmediata ni completa debido a la existencia del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este mecanismo, creado mediante el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, tiene como objetivo atenuar el impacto de la volatilidad internacional sobre el mercado interno, evitando incrementos abruptos en los precios al consumidor.

Más allá de su función de estabilización, el FEPC responde también a una lógica económica fundamental: el costo de oportunidad del combustible en un mercado abierto. En ausencia de este mecanismo, un refinador o importador, particularmente en un sistema altamente concentrado como el colombiano, tendría incentivos a destinar sus productos al mercado internacional cuando los precios externos son más altos que los internos. El FEPC corrige este incentivo al reconocer la diferencia entre el precio internacional y el ingreso regulado, permitiendo que el abastecimiento se mantenga en el mercado local.

El funcionamiento del Fondo se basa en dos conceptos clave. El primero es el diferencial de compensación, que ocurre cuando el precio internacional es superior al ingreso al productor, generando un gasto para el FEPC. El segundo es el diferencial de participación, que se presenta cuando el ingreso al productor supera el precio internacional, generando un ahorro. Este diferencial, que en la práctica representa el monto del subsidio o ahorro, depende de variables como los precios internacionales, la tasa de cambio, los volúmenes de consumo y el ingreso regulado al productor.

En el escenario actual, dado que los precios internacionales se mantienen elevados, el ingreso al productor continúa por debajo de la paridad de importación. Esto implica que, aunque los ajustes recientes contribuyen a reducir la brecha, no la eliminan completamente, por lo que el FEPC sigue absorbiendo parte del diferencial, más aún si no se hacen los esfuerzos también para el combustible diésel. Adicionalmente, el análisis de los componentes del precio muestra que no todos se están moviendo de manera independiente. Los biocombustibles, cuyos precios responden a metodologías propias, ligadas a costos agrícolas como el azúcar y el aceite de palma, presentan ajustes que, aunque técnicamente defendibles de forma individual, en conjunto contribuyen a modular el impacto del componente fósil. Esto sugiere que el sistema opera no solo bajo señales de mercado, sino también bajo una gestión coordinada de la canasta de combustibles, llevando a no afectar en gran medida al consumidor final.

En este contexto, el ajuste reciente no debe entenderse como una corrección completa frente al mercado internacional, sino como un mecanismo de administración de la brecha. Esto permite contener el impacto inmediato sobre el consumidor y la inflación, pero implica que las presiones no desaparecen, sino que se distribuyen en el tiempo, ya sea a través de incrementos graduales en precios o mediante el balance fiscal del FEPC.

Hacia adelante, el principal desafío de política pública no radica en eliminar estos mecanismos, sino en fortalecer un esquema más predecible y transparente, que permita articular adecuadamente el abastecimiento, la formación de precios y la competencia entre agentes. Un sistema con reglas claras y consistentes en el tiempo facilitaría la entrada de nuevos participantes, mejoraría las eficiencias logísticas y permitiría una mejor transmisión de señales económicas.

En un entorno de alta incertidumbre internacional, marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad en los precios del petróleo, es previsible que las presiones sobre los combustibles continúen. En este escenario, más que anticipar un nivel específico de precios, el reto estará en cómo se gestionan estos impactos para equilibrar la estabilidad en el corto plazo con la necesidad de reflejar las condiciones del mercado en el mediano plazo.

Análisis de: Luisa Fernanda París – Coordinadora de Combustibles ÓPTIMA