Veintiséis meses y dos ministros después, es realmente difícil no pensar que, para este gobierno, la estrategia del chu chu chu trasciende el sector salud. Una lástima llegar a esta conclusión, habiendo tenido este gobierno toda posibilidad de implementar las reformas que este sector requiere y que, cierto es, están engavetadas hace años, en beneficio del status quo. Este es un sector que ha presentado logros inobjetables en los últimos 30 años, sobre una institucionalidad diseñada en el marco de la Constitución del 91 y las Leyes 142 y 143 de 1994. Las premisas generales sobre las que se estructuró la institucionalidad siguen aplicando, pero requieren de ajustes urgentes en el mundo de la transición energética. Ajustes que, de implementarse, llevarían a todo aquello que esta administración promulga en favor de los usuarios y del planeta mismo.
Esa misma arquitectura institucional, que prevé roles muy claros para el Ministerio de Minas y Energía como rector de la política energética, la CREG como ente regulador técnico, encargado de aterrizar dichos lineamientos expedidos por el Ministerio, la Superintendencia de Servicios Públicos como ente garante del cumplimiento de dicho marco regulatorio y, sobre todo, como protector de los derechos de los usuarios y un ente de Planeación como la UPME, es la necesaria para que se implementen las reformas al sector. De hecho, de requerirse un ajuste de Ley, ésta debería buscar el fortalecimiento de dicha institucionalidad, especialmente buscando su solvencia técnica, independencia y, sobre todo, garantizando su sostenibilidad presupuestal. Usuarios empoderados que consumen y entregan energía (es decir, que ahora compiten con grandes generadores), más agentes, más productos y servicios en la cadena de valor, mayor competencia, requieren de entidades solventes, robustas y autosuficientes. Y eso, requerirá seguramente ajustes de Ley y dolor para los agentes de la cadena (plata). Muy seguramente mayores contribuciones para fondear la operación de estas entidades, que para su robustecimiento no pueden depender únicamente del presupuesto general de la nación.
En contravía de ese fortalecimiento institucional, los últimos dos años y medio han venido cargados de apuestas por la definición de tarifas a cargo del Presidente de la República, Decretos de emergencia económica que buscan dar más poder de mercado a algunos agentes, amenazas de intervención a la bolsa de energía, que de manera increíble lograron su objetivo, llevándonos en buena medida a la situación de escasez que vivimos ahora, aun superado lo más crítico de El Niño. Todo lo anterior, sin un regulador operante y sin una sola propuesta concreta de reformas al mercado eléctrico de fondo. Algunas iniciativas de ajustes parciales, con visión de intervención, alineadas con la obsesión de techar el precio de bolsa de energía. Nada de fondo respecto al modelo tarifario, a los mecanismos de expansión, a la bolsa de energía. Se ha venido actuando en la medida en que la realidad nos atropella, sin que en el horizonte se planteen discusiones de fondo sobre todo aquello que debe ajustarse para que el usuario perciba hacia adelante los beneficios de la competencia, de la masiva entrada de proyectos renovables, de nuevos agentes y actores, nuevos servicios, nuevos campos de acción.
Tenemos hoy el mismo diseño de mercado, los mismos problemas diagnosticados hace años pero que ya nos explotaron en la cara. Y ante semejante realidad, pareciera una estrategia llevarnos al extremo máximo, a apagarnos, con el objetivo de apalancar en semejante tragedia reformas ideologizadas, de fácil venta al público, poniendo el dedo acusador en los agentes, en las administraciones pasadas, en el establecimiento y en el mercado maldito.
El mercado, los agentes, las administraciones pasadas tienen alto grado de responsabilidad sobre la actual coyuntura. Han promovido por acción u omisión la dilación de reformas. Siendo eso cierto, no se espera de un gobierno empoderado, que entre al juego de la dilación con el objetivo de arrasar con todo aquello que se hizo bien. Como no es serio el dedo inquisidor, poco serio es también apropiarse de logros ajenos. Si en Colombia hoy, por fin, hay cerca de 2.000 MW de energía renovable en la matriz eléctrica, el logro es del privado, desarrolladores e inversionistas que tomaron el riesgo de seguir adelante con sus proyectos a pesar de todo tipo de situaciones adversas, en las que ni el Estado colombiano, ni este gobierno y mucho menos los agentes incumbentes han aportado más que trabas, barreras y abandono.
Oportunidad perdida pues, el beneficio de la duda para la administración del cambio se acaba. Sometidos a los mismos problemas, con la diferencia de que el déficit de gas local evidenciado hace diez años para 2026, ya llegó. Los proyectos de generación e infraestructura eléctrica siguen afrontando los mismos problemas que en los últimos ocho años para su desarrollo; luego seguirán atrasándose o abandonándose. Y se nos vienen elecciones. Seguiremos pues sometidos a la buena voluntad de San Pedro y a comunicados de prensa de ida y vuelta. Y el usuario… bien, gracias.
