Por Alejandro Lucio, Director de Óptima Consultores para PrimeraPágina

Ahora que está tan de moda promover acuerdos nacionales (anunciarlos más que concretarlos), asambleas constituyentes, diálogos abiertos y constructivos, y ante la inminente presentación por parte del gobierno nacional de un proyecto de reforma a la Ley de servicios públicos en la próxima legislatura, me tomo el atrevimiento de lanzar unas líneas de discusión, partiendo de la convicción de que, pasados treinta años y en el mundo de la transición energética, una reforma de ley no solo es necesaria sino conveniente.

Tal vez con el ingenuo convencimiento de que seremos capaces de evitarnos el suplicio que ha vivido nuestro país durante los dos últimos años en las discusiones de reformas en otros sectores, discusiones y debates repletos, por parte y parte, de verdades a medias, inexactitudes y manipulaciones estadísticas, falsas premisas, discursos llenos de arengas convenientes pero atiborradas de imprecisiones acomodadas, ideología, Twitter y más Twitter, dando al traste con la evolución, en dichos sectores, que son evidentemente necesarias. Dos años de oportunidades perdidas para concretar reformas que son indispensables para la sociedad colombiana.

¿Seremos capaces  los involucrados, (sector eléctrico, autodenominado de talla mundial,   este gobierno del cambio, los consumidores  finales, grandes, medianos y pequeños, residenciales, comerciales e industriales, academia y demás interesados) de  construir una reforma, que necesaria, sea producto honesto de poner al usuario en el centro de la discusión y que propenda así mismo por la inaplazable modernización del sector?, en una realidad de mercado y de evolución tecnológica que obligan a revisar las premisas sobre las que hace treinta años se diseñó el sector que tenemos.

Abordaré entonces en esta columna y seguramente en varias por venir, algunos aspectos que considero oportuno señalar previo a conocer el contenido definitivo del proyecto de reforma, empezando hoy por la institucionalidad:

El diseño institucional del sector que recibimos de las Leyes 142 y 143 de 1994 es un lujo. Otra cosa es que el solo diseño sea garantía de un adecuado funcionamiento de esa institucionalidad.

Algunas verdades incómodas:

• La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, no logró en treinta años consolidarse como un Supervisor eficiente, oportuno, proactivo y solvente técnicamente. A diferencia de otras Superintendencias (financiera, sociedades, industria y comercio, con sus más y sus menos) en el sector eléctrico no existe temor al Supervisor, respeto tampoco. La SSPD nunca ha tenido dientes para sancionar, las sanciones que impone son menores, y su capacidad de intervención es muy limitada. Buena parte de los problemas en la prestación del servicio en la costa atlántica parten de que Electricaribe no se intervino a tiempo, como ahora se ha dilatado la intervención de agentes, más por su tamaño y capacidad de lobby, que porque falten razones para una intervención.  La SSPD cuenta con escasos recursos económicos, técnicos, jurídicos, etc. Además, hay que decirlo, históricamente, esta entidad ha sido politizada, capturada por politiqueros y clientelistas. Buenos superintendentes se han tenido, buenas intenciones también. Resultados pocos. Si queremos un sector garantista de los derechos de los usuarios, debemos empezar por una reforma que busque el fortalecimiento presupuestal, técnico y organizacional de la que debería ser la entidad más importante y relevante del sector. ¿de dónde debería salir la plata para financiar ese fortalecimiento? Por supuesto en parte del presupuesto general de la nación, pero también y en gran medida del presupuesto de los mismos agentes vigilados. Se debe revisar necesariamente la fórmula, racionalidad y montos de las contribuciones que el sector destina a la SSPD.

• La Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, entidad  atacada y vapuleada por este gobierno, amerita capítulo aparte. Los logros en materia de desarrollos regulatorios de las Leyes 142 y 143 son incuestionables. Pero también lo es, que muchas de las premisas sobre las que se pensó la actuación del regulador no se han cumplido. Y hay que decirlo, de cierta forma, aunque abordado de manera absurdamente inconveniente, al actual gobierno le cabe algo de razón cuando se refiere a la captura de la CREG por parte del sector. Y no es, en mi concepto, como se ha pretendido dejar en el ambiente: una captura basada en corrupción o conflictos de interés de los expertos comisionados que han hecho parte de la entidad en estos treinta años; la gran mayoría de ellos verdaderas autoridades en aspectos técnico / económicos.  Esa captura obedece más bien al mismo poder de mercado de los agentes públicos y privados que son regulados. No solo el privado entorpece la actuación del regulador, en no pocos casos en estos treinta años esta se ha visto entorpecida por administraciones de entidades públicas con amplísimo poder de mercado como Ecopetrol o EPM, para dar algunos ejemplos. Será impopular decirlo, pero es cierto. La Ley claramente establece, verbigracia, la revisión quinquenal de las metodologías tarifarias. Excusándose en falta de recursos y lo amplio de la agenda regulatoria, pero, sobre todo como resultado del intenso lobby, el ir y venir de comentarios, demandas, recursos, etc etc, las actualizaciones de las metodologías tarifarias se tardan 10, 15 o más años. Nada más conveniente para agentes con poder de mercado que esa dilación en los ajustes que garanticen equidad, eficiencia y competitividad en las tarifas.

Se requiere revisar, como parte de la reforma anunciada, la composición y funcionamiento de la CREG, eso sí, en busca de fortalecer su independencia y solvencia técnica y no como se ha pretendido recientemente, buscando deformarla a una entidad acéfala y de bolsillo, o en su defecto eliminarla.  Vale la pena revisar tanto la composición de la Comisión, como los requisitos para hacer parte de ella, la duración de los periodos para el ejercicio y la oportunidad de ejercer por más de un periodo, entre muchos otros aspectos.  Este gobierno no es el primero que enfrenta inmensas dificultades para conseguir expertos calificados que se le midan a la dignidad de ser comisionados CREG; en este gobierno porque, dados los requisitos de ley, se requiere experiencia en el sector, pero esta administración considera que todo aquel que tenga experiencia en el sector está capturado por los agentes; y para los gobiernos anteriores, más bien porque los expertos calificados y con experiencia no se le medían a sacrificar su carrera, enfrentando presiones, investigaciones, demandas, además de las inhabilidades para el ejercicio de su actividad en el sector una vez cumplen los periodos para los que fueron nombrados.

• XM: esta es más fácil. El operador del mercado eléctrico debe ser independiente. Esta función debería ser asignada mediante un proceso competitivo y por periodos específicos de tiempo. Ya era inconveniente que el dueño del operador del marcado fuera ISA.  Ahora es insostenible que esta función sea ejercida por una compañía cuyo dueño es Ecopetrol, amo y señor del mercado de gas, y probable nuevo actor en el mercado de generación de energía eléctrica como seguramente intentará el gobierno nacional como parte de la anunciada reforma,

• UPME: Otra entidad de la mayor relevancia a la que se le han venido cargando más y más funciones, ya no solo de planeación, sino operativas. De esta entidad depende en esencia, la futura expansión de la infraestructura que habilite la entrada en operación de nuevos proyectos.  Necesariamente debe también promoverse una restructuración de la Unidad que implica más y mejores recursos. No ajustes marginales y coyunturales, una revisión de fondo de roles y recursos que garanticen la adecuada y oportuna respuesta que el planeador debe garantizar, más aún con las obligaciones que se le han venido delegando en los últimos años.

• Continuará…