Cierto es, como hemos manifestado reiteradamente en esta columna, que el comportamiento de los generadores de energía en la llamada bolsa de energía no es consistentemente un ejemplo de buenas prácticas y comportamientos alejados de conveniencia.

Cierto es también, que el modelo de mercado eléctrico de corto plazo requiere ajustes, en esencia por nuevas condiciones de tecnologías, participantes, empoderamiento del usuario, entre otras cosas. Y cierto es también, que ese diseño de mercado, bajo una adecuada planeación y con los ajustes que requiere, debe garantizar para el usuario, que cada que se venga una sequía larga, un fenómeno de “El Niño”, no nos embarquemos en las mismas discusiones de siempre. ¿Habrá o no racionamiento y cuánto va a subir el costo de la energía?

Con el afán de cumplir promesas de campaña y anuncios recurrentes desde agosto de 2022, y con la inminencia de la sequía, la nueva CREG, con un solo comisionado nombrado en propiedad y actuando como definidor de política pública más que como regulador, pretende una intervención de precios de bolsa, por supuesto muy bien recibida por un sector de la tribuna, que busca en teoría acotar los incrementos tarifarios en próximos meses. Si bien es legítima una vigilancia cercana, técnica y solvente del comportamiento de agentes en este mercado, la propuesta regulatoria no solo es inconveniente, probablemente inconstitucional o ilegal, sino además dista de lograr sus objetivos. Entre otras cosas, se deja entrever en el documento justificativo, que se busca prevenir comportamientos estratégicos en la bolsa de energía de ciertos agentes que agrupan la mayor participación en el mercado y que abusan en el mismo mediante incrementos injustificados del precio de bolsa de energía. Eso en castellano significa que se quiere acotar las rentas infra marginales de los agentes de generación, en especial, los agentes hídricos. Se acota el valor máximo que estos reciben por su generación en la bolsa a algo más de $500/kWh, un valor completamente arbitrario. En esencia, se les limita su margen, pero no se les acaba. Percibir ese valor puede ser un costo de oportunidad, pero no dejan de percibir rentas interesantes cuando venden su energía. Pero además, y acá está la paradoja, se les está techando el precio que deben pagar por aquella generación que no puedan producir, justo cuando no la van a producir. Al final se les hace un favor.

Por otra parte, el proyecto de resolución define para los generadores térmicos, un ingreso por lo que generen equivalente a sus costos más un margen fijo de 5%. Es decir, en el momento en que el sistema más necesita de los generadores térmicos, se les prohíbe ser rentables. Ese 5% no considera costos financieros, inversiones en mantenimientos y tantos otros aspectos que se recuperan, en el caso de los térmicos, justamente cuando tienen vocación de vender la energía que generaran. Y todo esto, en la antesala de una subasta de cargo por confiabilidad, firmeza esta que no va a poder ser enteramente cubierta por generadores renovables. No estamos para jugar con esa confiabilidad. Quiérase o no, en Colombia y por varios años, aun necesitaremos de nueva generación térmica para no apagarnos. No es viable, como aspiran algunos, al menos no aún, prescindir de los térmicos y echarnos el cuento que esa confiabilidad es sustituible con plantas solares o eólicas….no por ahora.

Por último, el que se pretende sea el mayor beneficiario, en esta intervención no lo es tanto. Se busca acotar los incrementos tarifarios de algunos usuarios, sobre todo aquellos para quienes sus comercializadores, sus representantes ante el mercado mayorista, no han conseguido limitar su exposición al precio de bolsa bajo la oportuna cobertura que brindan los contratos de largo plazo. Y cierto es que no es solo mala gestión del comercializador. El mercado eléctrico desde hace unos años, viene afrontando un déficit de oferta de contratos, ¿por qué?. Básicamente porque la demanda de energía ha seguido creciendo, pero la oferta no. Y los proyectos que son los llamados a aportar nuevos contratos de largo plazo, nueva energía, no entran en operación. He ahí el problema. Además, la resolución de intervención pone a cargo de la demanda, a través del componente de restricciones, el diferencial entre el costo de la generación térmica y el nuevo precio de bolsa intervenido. Este costo sin duda debe ser reconocido, pero claramente asociado al componente que lo genera, no ahondando la bolsa de costos escondidos inherente a este componente tarifario. Para algunos usuarios, si bien la mayoría, el balance neto es positivo, pero para otros es escandalosamente negativo. Especialmente para aquellos usuarios que no tienen exposición al precio de bolsa en sus contratos, pero ahora reconocerán valores sustancialmente mayores en la tarifa de restricciones.

Hay una serie de medidas que se pueden implementar que busquen solventar de manera temporal el déficit de contratos de energía. Flexibilizar las reglas para la contratación de los comercializadores del mercado regulado, habilitar (¿y/o forzar?) temporalmente la contratación tipo “pague lo generado”, flexibilizar temporalmente los límites de traslado a la tarifa entre muchas otras. La regulación propuesta de intervención, de no ser modificada, nos saldrá muy cara a los usuarios en el mediano y largo plazo. Mayores costos por confiabilidad, asumiendo que esos requerimientos de firmeza se consigan completar en la próxima subasta de cargo por confiabilidad (si es que ante esta intervención algún inversionista de un proyecto térmico se anima a participar en la misma) o en el peor de los casos, un no muy lejano déficit de energía firme que en el próxima sequía, y por qué no en la que estamos viviendo, nos lleve al apagón.

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