Fui de esos colombianos, tildados de tibios, hasta irresponsables, que en la pasada segunda vuelta para la elección presidencial de 2022 se decidió por el voto en blanco. Fue una decisión a conciencia y consistente con una posición alejada de los extremos y fanatismos. He perdido amigos y ganado enemigos en las últimas dos décadas producto de esa actitud, medio soberbia también, de mantenerme desapasionado. Ninguna opción me daba tranquilidad, y soy de esos ciudadanos ilusos que se cree el cuento del sagrado deber del voto. Así que mi opción fue esa, la del tibio consistente.

En lo que hace referencia al aspecto profesional, a mi actividad laboral, las dos campañas, con matices ideológicos, hablaban de su apoyo decisivo a las energías renovables y a acelerar la transición energética. Tuve oportunidad de intercambiar con los equipos programáticos de todas las campañas. Lo único que me quedó claro es que apoyaban un concepto, pero ninguno entendía realmente la dimensión del mismo. Habría que esperar para ver.

Una vez elegido el nuevo gobierno, con ese discurso de apropiación de las energías renovables, misma actitud de los pasados gobiernos, todos autodenominados dueños y líderes impulsores de la transición energética, el panorama no parecía tan oscuro. De nuevo habría que esperar un poco. Han pasado nueve meses y el panorama, que no parecía tan oscuro, no puede ser más desalentador. La transición energética va mal, muy mal. Pasó de castaño a oscurísimo. Nueve meses llenos de anuncios y contradicciones, un día exploramos petróleo y gas pero al otro día no; queremos renovables, pero abandonamos los proyectos en desarrollo a su suerte; amamos las renovables, pero entre reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y decisiones cotidianas de autoridades competentes para hacer viable los proyectos, las gravamos e inviabilizamos más.

Se envían mensajes ilegibles e inconsistentes a inversionistas locales y extranjeros. Y vemos desde hace seis meses, el mismo discurso institucional del Ministerio de Minas y Energía sobre la transición energética justa, la misma presentación de finales de año, llena de principios, objetivos y señales, por demás redundantes con las existentes, por supuesto con la novedad de enfatizar en la descentralización del mercado, del empoderamiento comunitario, de la participación ciudadana, de las tarifas justas y a la baja. Valioso, pero hay que decirlo, un tanto abstracto todavía y fácilmente abordable vía regulatoria y sin tanta dilación. Esta política de transición energética, además, acompañada de un proyecto de Decreto, también poco novedoso. Política, política y más política.

En esta columna he advertido hace más de un año, de la necesidad de bajarle a la política pública, a los discursos, al cabildeo por redes sociales, a la emisión de resoluciones, hojas de ruta, decretos y documentos CONPES y demás herramientas grandilocuentes, para pasar a los ajustes técnicos concretos, precisos, aterrizados y puntuales, de carácter regulatorio que ya están más que estudiados y que se vuelven cada vez más inminentes y necesarios. Con el énfasis que se quiere dar, nivelando el terreno para que nuevos agentes, grandes, medianos y pequeños (¡comunitarios también!) puedan competir con las grandes Utilities tradicionales, muchas integradas verticalmente. Porque no hay que olvidar el gran capital que estos proyectos requieren, para su desarrollo, su construcción y su operación sostenible en el tiempo.

Y acá más contradicciones. Queremos más oferta, más actores, más energía democrática, más soberanía energética, mejores y más bajas tarifas de energía y gas, más competencia, más descentralización, más autonomía, y en contravía, se buscan todas las formas de lucha para lograr la integración vertical de Ecopetrol. La gran mega energética que será actor en todos los eslabones de la cadena, no solo de generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, sino de petróleo y gas natural, refinación de combustibles fósiles y limpios y demás agregados de la industria petroquímica, dificultando y en oposición total a un mercado de libre competencia, a cargo además de hacer posible la inversión social, las comunidades energéticas y todos los demás proyectos con renovables; en otras palabras, ejerciendo poder absoluto, hegemónico y soberano de dos mercados de servicios públicos: energía eléctrica y gas natural, como ya lo hace hoy en día en diversas actividades. En este sentido, aplauso para el Congreso de la República, por haber cerrado esa posibilidad de la integración vertical como lo está hoy vía regulatoria. Da tranquilidad entender que aun nuestra institucionalidad, el sistema de pesos y contrapesos de las ramas del Estado, aún funciona. Fallido el primer intento vía Plan Nacional de Desarrollo, ya apareció un proyecto de ley buscando revivir ese monstruo.

Dicho lo dicho, se requieren ajustes regulatorios ya. ¡De hecho, nos cogió la noche! Y de paso, la amenaza del fenómeno del Niño en ciernes, con su consecuente sequía y riesgo de mayor escasez de fuentes de energía y riesgo de aumento de tarifas de energía, gas, y de paso, agua. Pero claro, para regular se necesita regulador, y se nos fueron nueve meses entre asumir, en cabeza del Presidente de la República, las funciones regulatorias de la CREG, y tumbar los nombramientos que a la carrera realizó el anterior gobierno al final de su mandato en la Comisión experta. Al final, el regulador, en lo que queda de él, es un organismo con unos comisionados en calidad de encargo, y que, a pesar de la necesidad de reformas apremiantes y urgentes de fondo, que fomenten la competencia, incentiven la inversión y habiliten la participación en el mercado de las energías renovables, en un campo de juego nivelado y realmente justo, está en modo cámara lenta casi que apagado. Las cosas hay que decirlas: actores del mercado, agentes incumbentes, nuevos agentes, inversionistas y desarrolladores de proyectos no saben a quien acudir o no reciben respuestas concretas. Y mientras tanto, el Niño llegó, las reservas de crudo y gas bajaron contundemente, según último reporte oficial consolidado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH-, y al menos, a corto plazo, un porcentaje alto de proyectos de generación con renovables que cuentan con puntos de conexión aprobados, siguen quietos por cuenta del licenciamiento ambiental de ANLA y las corporaciones regionales ambientales en territorio o de consultas previas con comunidades étnicas; o proyectos que cuentan con estas viabilidades socioambientales, les fue negada la conexión de parte de la UPME.

El tema de la justicia tarifaria les salió mal a todos. Los gremios del sector, que tampoco saben para donde andar, se tomaron una foto absurda, promocionando la futura rebaja de tarifas que, en esencia, se dio por un ratico. Más realmente debido a que la problemática inflacionaria, que fue en buena parte causante de los incrementos, empezó a ceder. Pero esa felicidad durará poco, ante incrementos ineludibles asociados a la llegada del fenómeno de “El Niño” y la situación derivada de las menores reservas de crudo y gas para el país, sin intención del gobierno de firmas más contratos para aumentarlas. Seguramente el gobierno actuará en forma coyuntural e intempestiva, nunca se sabe de qué forma, para atajar los incrementos venideros. En ese proceso se quebrará más de un agente. Es un tema de costos. Increíble también, que el gremio de los generadores hidráulicos, públicamente, y justo ahora que se vienen los precios altos que los afectarán porque generarán menos, salga a promover públicamente ese tipo de medidas. ¡La Patria Boba!.

Para colmo, como ya es de conocimiento público, la amenaza de “El Niño” se materializó mucho antes de lo esperado. Esperábamos todos, un periodo de unos doce meses de neutralidad climática, posteriores a dos años de intenso fenómeno de “La Niña”. Pero así es el clima. Terco, impredecible, inmisericorde. El Niño empezará en el segundo semestre de 2023 por tarde. Y el sistema no está preparado. El gobierno recibió las advertencias como amenazas del mercado. Empezará a entender que más allá de amenazas, la cosa es delicada. Las cuentas de confiabilidad para el 2024 están muy justas, demasiado. Cualquier falla, por mínima que sea, en una planta de generación relevante o la ocurrencia de alguno de los patrocinados paros o bloqueos en las áreas de influencia de las plantas de generación, cualquier descalce nos apaga. Para colmo, nos llega este “El Niño” con precios de combustibles y tasa de cambio en niveles récord. En suma, se vienen tiempos difíciles.

Mientras tanto, los proyectos llamados a salvar la patria, salvo unas pocas excepciones que sacan la cara pero son insuficientes, …quietos. Enredados en trámites ante la UPME y autoridades ambientales, sociales y de tierras, sin esperanza de agilidad, más bien, de acuerdo con las señales del gobierno en general, y las autoridades ambientales en particular, condimentados alarmantemente con amenazas de reformas gruesas a los procesos de licenciamiento ambiental, de participación social, de usos del suelo rural, entre otros, que se entiende están en estudio, pero que auguran que dilatarán, complicarán y volverán más costosas, las actuales reglas del juego.

Así pues, que si la transición energética se entendía como la aceleración de la entrada en operación de proyectos de generación renovable no convencional y sus líneas de transmisión al sistema nacional…eso no pasó. Todos esos elementos necesarios para poder hacer viable la transición energética y materializarla desde la oferta, como la sopa de sancocho, no se han logrado obtener, y mucho menos cocinar.

Y ni hablar de la necesidad de enfocar acciones en la demanda de energía, que es donde está el verdadero potencial de descarbonización en nuestro país, el real objetivo de este gobierno. Esa discusión ni ha empezado seriamente.

Así pues, con el sancocho de la transición energética a medio hacer, más vale tarde que nunca, se llegó la hora de actuar, ya no se pueden dar más vueltas, ni gastar más energía en ideas y palabras. Acciones concretas. En su defecto, como lo afirmé en mi anterior columna…..apague y vámonos!