En lo que hace referencia a las tarifas de energía eléctrica, no deben esperarse reducciones en 2023 e incluso 2024. Recientemente se ha publicitado el resultado del llamado “pacto por la justicia tarifaria”, iniciativa del nuevo gobierno para atajar el rápido incremento de las tarifas, que fue potenciado en especial por los incrementos en los costos de producción, y específicamente el índice de precios al productor, IPP, que se utiliza para la actualización de los componentes tarifarios. Los resultados lucen positivos en el corto plazo, con reducciones para los últimos meses del año que rondan entre el 2 y el 5% en el mejor de los casos. Los resultados por regiones difieren, dependiendo de la voluntad del comercializador de acogerse a las fórmulas de indexación promovidas por el Ministerio de Minas y Energía y la CREG.
¿Por qué entonces no debería esperarse que, como resultado de estos ajustes en la indexación de las tarifas, la energía eléctrica sea más barata en 2023? La respuesta está precisamente en que el pacto por la justicia tarifaria se enfocó en la coyuntura inflacionaria, pero deja de lado aspectos fundamentales que afectan los componentes tarifarios, en especial el de mayor peso, el costo de generación de energía (componente G, de la tarifa). Es esperable que los indexadores, bien sea IPC o IPP cedan en 2023. Sin embargo, este alivio muy seguramente no sopesará incrementos en el costo de generación que para los dos próximos años serán significativos. Vale la pena detenerse entonces a revisar qué se espera del precio de la energía que los usuarios reconocemos a los generadores por su producto.
El costo que reconocemos por la producción de energía resulta de una combinación de tres componentes. 1. La confiabilidad,2. el costo diario de oportunidad de generar con diversos recursos (spot o precio de bolsa), y 3. los contratos de mediano y largo plazo que buscan cubrir, tanto a compradores como productores, de la altísima volatilidad diaria de ese costo de oportunidad. Esa volatilidad en la valoración diaria de la energía resulta de la variabilidad en la disponibilidad del recurso hídrico, los altamente cambiantes y recientemente al alza costos de combustibles, entre otros factores. La formación de precios de estos tres componentes surge de diferentes dinámicas de mercado. Dinámicas que están fallando por diferentes razones y que suponen para los próximos años incrementos importantes en el producto energía que todos pagaremos en la factura.
Así, lo que se paga por energía en la factura, representa cerca del 40 a 50% del costo unitario total. Ese porcentaje se compone en cerca de un 30% en pago por confiabilidad. El restante 70% es una combinación de precio spot y precio de contratos, cuya proporción depende de cómo está contratado cada agente comercializador que nos representa como usuarios ante el sistema. En general esta mezcla es del orden de 80% en contratos y 20% indexado a precio spot.
La confiabilidad pasó de cerca de 80 pesos/kWh en enero de 2022 a casi 100 pesos/KWh en diciembre. El precio de bolsa, a pesar de las muy favorables condiciones hidrológicas pasó de 151 pesos/KWh en promedio para el 2021, a cerrar cercano a los 220 pesos/kWh en 2022 y con perspectivas sustancialmente al alza para los próximos años ante la finalización del fenómeno de la niña y el probable inicio de una sequía prolongada en algún momento de los próximos 12 a 24 meses. Los contratos de energía de corto o mediano plazo que en el año 2021 y principios de 2022 se negociaban en un rango entre los 220 y los 250 $/kWh (en función de modalidades y plazos), hoy se negocian en precios superiores a los 300 $/kWh. Estos últimos, contratos que ponderarán en la factura de energía a partir de enero de 2023. Así pues, es imposible pronosticar precios a la baja en el componente de energía de las facturas.
El mercado eléctrico colombiano en la actualidad sufre de un choque de oferta. Para ninguno de los tres componentes mencionados, existe holgura que permita una mejor dinámica de los precios. Para los tres hay evidentes señales de escasez. Ni siquiera la eventual operación continua de la primera fase de Hidroituango será suficiente. Será positiva sin duda, puede mermar en algo incrementos a futuro, pero en el corto plazo no generará alivios. Claramente la expectativa de una avalancha de proyectos de generación entrando en operación en los años 2022 y 2023 no se dará (se esperaban al menos del orden de 3.000MW nuevos en operación……no han llegado). Tal vez los grandes proyectos en desarrollo solo entren a operar masivamente bien entrado el 2024. Por otro lado, la demanda de energía eléctrica en Colombia sigue aumentando, a ritmos superiores a los evidenciados históricamente. Hay y habrá más demanda. Y, en resumen, la oferta no solo no crece al mismo ritmo, sino que lo hace marginalmente. Las dificultades para el desarrollo de proyectos, y sobre todo para su entrada en operación, además de generar el ya mencionado déficit, dan señales preocupantes para inversionistas y desarrolladores. En un escenario de costos de financiación altos y con una tasa de cambio con semejante devaluación, el inversionista se pregunta si sigue siendo atractivo tomar riesgos en Colombia, cuando atestigua las dificultades para conseguir permisos, licencias socio ambientales, pólizas y garantías bancarias, etc. Es posible que, si no se dan las señales adecuadas, este choque de oferta se prolongue en el tiempo, y nos lleve por qué no, de vuelta al pasado. En este escenario, no es descartable un problema de abastecimiento en cualquier momento del año 2023 o 2024.
El usuario que está a la espera de tarifas a la baja y que desilusionado evidenciará a partir de los primeros meses del 2023 nuevos incrementos se preguntará, ¿dónde quedaron los alivios anunciados? Se percibe que desde el gobierno nacional la respuesta será fácil: “esto es culpa del mercado”. Razón de más para olvidar las muy necesarias reformas al sector eléctrico, que son de fondo la solución para el tema tarifario. Abandonarlas con el argumento de que el mercado no funcionó, que la codicia nos trajo hasta acá. Olvidando que las demoras y dilaciones en la implementación de las reformas ya diagnosticadas, generan los incentivos para que quienes quieran y puedan se porten mal. A la vez que se restringe el incentivo a nuevos jugadores, más competencia y más oferta de nueva energía, haciéndole el juego, muy seguramente sin quererlo, a los mismos de siempre. Es evidente que hay comportamientos indeseables, inexplicables en la formación de precios de algunos de los mercados de energía. Y las soluciones están a la mano, en las reformas, en la supervisión estricta, en la regulación adecuada y oportuna, y en la promoción de la competencia y de la entrada de nuevos agentes. Claramente no estarán las soluciones de la mano de intervenir, estatizar, concentrar, decretar.
Espero estar equivocado, pero como en otros sectores, huele a que los incrementos tarifarios llevarán a una reacción del público que puede ser la chispa que promueva acciones aun más dañinas que nos lleven de vuelta al año 1992. Si nos seguimos distrayendo en discusiones de semántica y aplazando lo importante, la crisis eléctrica que se viene no es menor.
Aún se está a tiempo de enderezar el rumbo. Y en aras de proponer, por qué no complementar el pacto por la justicia tarifaria, con el “pacto por la entrada en operación de proyectos”. Una coordinación del Estado Colombiano, en cabeza del presidente de la República, con la coordinación de los Ministerios de Minas y Energía, Ambiente, Interior, Planeación Nacional y entidades adscritas, Inversionistas y desarrolladores, generadores. agentes, comunidades. Un verdadero pacto por enderezar el camino y garantizar la suficiencia eléctrica en el corto plazo. A nadie conviene un apagón, pero esta cerca.
