Interesante, por ponerlo de alguna manera, el cierre de la semana pasada para el sector eléctrico. Ante los debates asociados a los importantes incrementos tarifarios de los últimos meses, qué mejor oportunidad para profundizar sobre los mismos que el Congreso de ANDESCO, la asociación que agrupa a las empresas prestadoras de servicios públicos y de telecomunicaciones. Más interesante aún, que tradicionalmente este evento año a año se realiza en Cartagena, cuyos habitantes están entre los más afectados por dichos incrementos tarifarios. En este escenario, especial expectativa generaban las intervenciones del nuevo gobierno, en cabeza del mismo Presidente de la República, la líder de la cartera sectorial, su Ministra de Minas y Energía y la recién posesionada Viceministra de Energía. El gobierno buscó ser contundente, en palabras de la Viceministra “! hay que bajar las tarifas!”. Acompañado lo anterior de la presentación de parte de la Ministra de las bases y principios de los que considera un transición energética justa, que en el marco de la discusión tarifaria, en el corto plazo buscará un pacto por la justicia tarifaria. Cierra la participación del gobierno el señor Presidente, con una intervención cargada de mensajes como: “ los servicios públicos no deben ser un mercado como cualquier otro, ….si el mercado fuera eficiente muchos operadores deben salir del mercado….las leyes de servicios públicos y eléctrica no han cumplido sus objetivos,… …..la empresa pública debe tomar la iniciativa, no bajo la lógica empresarial de rentabilidad…., hay que cambiar la regulación…., si los usuarios hacen la inversión ¿no deberían ser propietarios?….las comisiones reguladoras no deben estar para firmar los procesos de especulación financiera……se debe garantizar que las comisiones reguladoras regulen los mercados en función de garantizar el acceso universal….. vamos a usar el artículo que nos permite asumir las funciones de la CREG…..lo público y lo privado se deben aliar para garantizar la prestación del servicio público, pero no vamos a estatizar”. Los mensajes anteriores generaron, en primera instancia, en un escenario favorable, los aplausos de la tribuna (en su gran mayoría). En los representantes empresariales, zozobra, angustia, sudor frío… muy seguramente el fin de semana estuvo lleno de reuniones extraordinarias, Juntas Directivas urgentes, etc, etc.

Con este contexto vale la pena compartir algunas impresiones:

Muchos de los puntos tratados por el gobierno, aunque algunos descontextualizados, son acertados. Me lloverán piedras y huevos en próximos congresos, pero a esto precisamente me he venido refiriendo a través de esta columna en los dos últimos años, cuando he hecho uso del término miopía eléctrica. En la lógica de mercado, a lo largo de la cadena de prestación del servicio, se han presentado y se siguen presentando comportamientos anticompetitivos, abusos y deficiencias en la prestación del servicio, comportamientos estratégicos sin ninguna justificación, obstrucciones, dilaciones o bloqueos al avance de la regulación. Eso es cierto, y hay que partir por reconocerlo. Ahora bien, lo anterior también se ha sustentado en una arquitectura institucional que, si bien en el papel está bien estructurada, en la práctica es débil, fácilmente capturable. Las instituciones encargadas por velar por la actualización regulatoria que debe propender por el beneficio del usuario, por la supervisión exigente, efectiva, , por la planeación, etc, carecen de la fortaleza financiera, operativa, técnica en muchos casos, que requieren para garantizar el cumplimiento de los objetivos de Ley. Es acá donde El Estado debe fortalecerse. No es necesario explotar la institucionalidad. Las actuales circunstancias de incremento tarifario tienen componentes coyunturales y estructurales. Los coyunturales asociados al indicador de actualización de precios, que también hemos insistido por más de una década es inadecuado. ¡Pero cuidado! No sea que congelemos tarifas en el pico de la cresta. Salvo por los anuncios recientes de futuros incrementos en los precios de combustibles, hay que tener cuidado con que al congelar o eliminar el indicador, no estemos haciendo más daño al usuario. ¿Es posible que en los próximos meses el IPP presente valores decrecientes, que se reflejen en menores tarifas al usuario? Hay que revisarlo con mesura. Por otra parte, las consideraciones estructurales. Sobre esto, los diagnósticos están hechos. Las reformas al mercado mayorista, en el mundo de la transición energética, fueron revisadas por varios estudios, comisiones independientes de expertos, como la Misión de Transformación Energética. Expertos estos técnicos, conocedores, sin ideología política. Al menos eso reflejan los documentos. Si hay que intervenir es para: 1. Agilizar las reformas que llevan años en discusión y que el mismo mercado en su afán de mantener el status quo ha propendido por dilatar. 2. Fortalecer la institucionalidad, garantizar el cumplimiento de la función del Estado de regular, supervisar, planear. Respecto a intervenir las funciones de la CREG, utilizando funciones otorgadas por una Ley aprobada en el gobierno anterior, nuevamente suena bien para la tribuna, pero no es ni necesario ni conveniente. La Constitución y la Ley ya le dan al Presidente de la República esa facultad: de la Ley 142 de 1994 “ARTÍCULO 68. Delegación de funciones presidenciales a las Comisiones. El Presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, y de los demás a los que se refiere esta Ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, si decide delegarlas, en los términos de esta Ley. “. Así que la alusión al pasado gobierno suena más a revanchismo que a necesidad. Muy seguramente, esta cuenta de cobro se fundamente al nombramiento en los últimos días del gobierno anterior de 3 de 6 nuevos comisionados CREG. Tal vez lo lógico y prudente hubiere sido, muy a pesar de las preocupaciones del sector por el inicio de la nueva administración, dejar en manos del nuevo Presidente la designación de estos nuevos comisionados. Vendrán, como lo anunció el senador Iván Cepeda, demandas contra la legitimidad de esos nombramientos. En síntesis. Ni muy muy, ni tan, tan. El mea culpa del sector debe realizarse. Las soluciones de corto plazo para generar alivios en la coyuntura están a la mano. Pero de ahí a explotar la institucionalidad y la lógica de mercado, aunque suene bien en el discurso, se traducirá muy seguramente en o mayores tarifas o en desajustes fiscales aún mayores, que, a su vez, irán directamente en contra del bienestar de la población. Y sin una inversión privada con señales adecuadas…nos apagamos. Vienen épocas difíciles. Que el remedio no sea peor que la enfermedad.

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?